En su editorial del 20 de julio, César Miguel Rondón aborda de como los gobiernos de América Latina han aprovechado la pandemia del coronavirus para incrementar la represión y el militarismo.
El periodista comienza citando un artículo publicado en la web WOLA ((Washington Office of Latinoamérica)), titulado «En América Latina, los riesgos de COVID-19 perturban permanentemente las relaciones entre civiles y militares», escrito por Adam Isacson quien ha trabajado en defensa, seguridad y consolidación de la paz en América Latina desde 1994 y ahora dirige el programa de Supervisión de Defensa de WOLA , muestra una mirada interesante de una tendencia perturbadora en la región.
Se trata de cómo el COVID-19 ha acelerado la recurrencia de la región a sus fuerzas armadas. Los soldados hacen vida en las calles con una presencia más intensa, imponen bloqueos y toques de queda, distribuyen alimentos y participan en tareas anteriormente ejecutadas por civiles.
En algunos países, particularmente en Bolivia, El Salvador, Honduras y Perú, esto ha significado el acorralamiento de decenas de miles de personas encontradas al aire libre en violación de las órdenes de quedarse en casa, seguido a menudo de detención masiva en condiciones insalubres. Bukele, el presidente salvadoreño, persistió con estos acciones y detenciones militares a pesar de una orden de la Corte Suprema que detuvo la práctica.
Pero el caso de Venezuela merece un capítulo aparte. Recordemos como lo señala Open Democracy, una organización de medios global independiente, “que la primera política social ejecutada por el chavismo, el «Plan Bolívar 2000», fue implementada por el ejército venezolano. Militares activos, o en situación de retiro, comenzaron a dirigir ministerios, gobernaciones y alcaldías.
En el año 2013 las expectativas que un presidente civil, Nicolás Maduro, detuviera la tendencia militarista se evaporaron rápidamente. Una de sus primeras decisiones fue permitir la participación de militares en tareas de seguridad ciudadana.
En el año 2015 comenzaron los llamados «Operativos de Liberación del Pueblo» (OLP), de manera conjunta entre fuerzas militares y policiales en barrios populares. En el año 2017 las OLP fueron sustituidas por una nueva policía, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), creadas para actuar en operaciones de alta letalidad (secuestros y operaciones antiterroristas), pero que en la práctica pasaron a protagonizar operativos de seguridad ciudadana similares a la OLP.
¿Qué tendría que ocurrir en Venezuela para disminuir o recoger el poder entregado a los militares sin que eso pase por más violencia e inestabilidad democrática?
