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Una investigación de The New York Times encontró hace poco que se aprobaron 100 nuevas leyes, en al menos 32 estados, que arrebatan el poder a los funcionarios de salud pública, eso tras casi dos años de Covid 19, cuando se establecieron protocolos de cuarentena y se fijaron parámetros para mandatos de máscaras y vacunación siguiendo sus recomendaciones.
Tras 140 entrevistas con autoridades de salud y otros funcionarios, The New York Times ha señalado que:
“La salud pública, durante mucho tiempo sin fondos y desatendida, ahora está bajo el ataque de extremistas enfurecidos y legisladores que intentan limitar los poderes de los funcionarios de salud”
La resistencia a seguir las normas dictadas por los funcionarios de salud, fueron las primeras acciones ciudadanas, algunas incluso más extremas, como ataques a esos funcionarios para pasar ahora a ser medidas de política regional y contenido de estrategias de campaña política.
Cuentan los periodistas Mike Baker y Danielle Ivory, en “Why Public Health Faces a Crisis Across the U.S” la historia de la Dra. Allison Berry quien era una médico de familia popular, funcionario de salud local, capacitado en bioestadística y epidemiología en la Universidad Johns Hopkins en el extremo norte de la Península Olímpica de Washington? Cuando inició la pandemia, procesó kits de pruebas de Covid 19 en su propio garaje y entregó suministros a personas en cuarentena.
Citamos del artículo de Baker e Ivory:
“Pero este verano, cuando una ola de variantes de Delta llevó el número de casos a niveles alarmantes, el Dr. Berry anunció un mandato de máscara. En septiembre, ordenó los requisitos de vacunación para comer en el interior.
Para entonces, para muchos en la comunidad, el enemigo no era el virus. Fue ella.
Continúan los periodistas: “La doctora Berry debería ser atacada», escribió un residente en línea. Alguien más sugirió traer de vuelta los ahorcamientos públicos. «Dr. Berry, vamos a por ti ”, advirtió un hombre en una reunión pública. Una multitud enojada entró en el juzgado durante una sesión informativa sobre la respuesta de Covid-19 un día, buscándola, y los manifestantes también se presentaron en su casa, hasta que se enteraron de que la doctora Berry ya no vivía allí”.
Dice entonces la doctora:“En los lugares donde se necesita tomar medidas más estrictas, es poco posible hacerlo. O porque tienes miedo de que te despidan o porque tienes miedo de que te maten. O ambos.»
Frente a amenazas físicas e intimidación, los funcionarios de salud han tenido que instalar cámaras de seguridad, conseguir escoltas policiales y comenzar a llevar gas pimienta.
Jennifer Bacani McKenney, una funcionaria de salud en Kansas, tuvo que advertir a sus hijos que se mantuvieran alejados de las ventanas.
La investigación realizada por The New York Times recoge datos impactantes:
“Las agencias de salud pública han visto un éxodo asombroso de personal, muchos agotados y desmoralizados, en parte debido al abuso y las amenazas. El Times identificó a más de 500 altos funcionarios de salud que dejaron sus trabajos en los últimos 19 meses.
Los legisladores han aprobado más de 100 nuevas leyes, y se están considerando cientos más, que limitan los poderes de salud estatales y locales. Esa revisión de la salud pública les da a los gobernadores, legisladores y comisionados del condado más poder para deshacer las decisiones de salud y socava todo, desde las campañas de vacunación contra la influenza hasta los protocolos de cuarentena para el sarampión.
Grandes segmentos del público también se han vuelto contra las agencias, votando a los nuevos líderes del gobierno local que se comprometieron a controlar los departamentos de salud pública”.
¿A dónde nos lleva esto? ¿ Cómo esta tendencia creciente podría afectar la respuesta a una pandemia futura?
