Venezuela: oídos sordos ante pedidos de organismos de DDHH

FA/CMR

En  la declaración oral de Amnistía Internacional que se hizo pública este 5 de julio,  sobre el informe de la Alta Comisionada de la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, este organismo internacional consideró “profundamente decepcionante que, a pesar de las repetidas recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, así como de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, las violaciones de derechos humanos que se han denunciado repetidamente a este Consejo, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad, continúan sin cesar en Venezuela”

Recordemos que en su informe, la oficina Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) detalló que continuó recibiendo denuncias creíbles de detenciones arbitrarias, “tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación”. Y agregó que esa oficina “no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021”

Bachelet instó  a que “se liberen a todas las personas detenidas arbritrariamente”y se refirió a la reciente detención de tres activistas de la ONG Fundaredes, entre ellos, de Javier Tarazona. “El arresto de tres miembros de Fundaredes hace tan solo tres días es sumamente preocupante. Aprovecho para solicitar el acceso urgente de los abogados defensores”

Como era de esperarse, los abogados de los detenidos, no pudieron ingresar en la audiencia como lo denunciara, el abogado Gonzalo Himiob, Foro Penal: ‘Pese a que sus abogados estábamos en los tribunales se les designó defensor público y se les impidió estar asistidos por sus abogados de confianza”

La detención irregular  de Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, y a otros dos activistas y sus acusaciones formales por parte del Estado venezolano  por terrorismo y traición a la patria,  se da justo, tres días después de que el grupo realizara una conferencia de prensa en Caracas alegando vínculos entre miembros del gobierno y grupos armados irregulares de Colombia, donde mostraron una foto sobre una reunión entre los irregulares, por un lado, y  el ex ministro del interior Ramón Rodríguéz Chacín y su esposa, por el otro. Según nos informara la periodista Sebastiana Barráez, la foto solo pudo hacerse en territorio venezolano.

En esa conferencia, Tarazona pedía al Ministerio Público, que se investigara esa relación y “ la participación de ellos en casas de resguardo, por ejemplo, en (el estado) Barinas, la quinta el Vendaval, el hato el Guayabal…Hoy le estamos pidiendo al Ministerio Público que se le informe a la opinión pública nacional e internacional cuál es la relación que existe entre la agropecuaria Don Pío -otra presunta ‘casa segura’-, que es un registro mercantil venezolano perteneciente a Rodríguez Chacín”

Fundaredes había denunciado con anterioridad “la participación” del alcalde del municipio Páez del estado Apure, José María Romero, en una operación de “La Segunda Marquetalia”, disidente de las FARC, y el ELN en Venezuela. Y además,han venido documentado y denunciado abusos de los grupos armados colombianos en Venezuela, en el tráfico ilegal de drogas y  las actividades mineras. Fueron ellos los que informaron los detalles del secuestro de 8 militares venezolanos y la posterior liberación, que no rescate, como sostenía el Ministro de defensa de Maduro, de algunos de ellos.

Como antes lo señalara Bachelet, y se hace ahora más visible tras  esta detención, Amnistía Internacional en su declaración de este lunes, denunció que “persisten las detenciones arbitrarias y procesamientos por motivos políticos, y las y los defensores de los derechos humanos continúan enfrentando un entorno asfixiante. Los recientes anuncios de reformas del Gobierno, incluidas acciones sobre detenciones arbitrarias y una reforma judicial, no son creíbles cuando están dirigidos por presuntos perpetradores, y no cambian sustantivamente la política de represión”

Alguna tecla tocó Tarazona esta vez con sus denuncias que dio en el blanco, para pasar de ser quien denuncia a ser el denunciado. ¿Cómo se puede ser juzgado “traidor a la patria” por quiénes son en realidad los traidores? ¿Hasta cuándo podrá la dictadura madurista hacerse de oídos sordos  frente a los organismos de derechos humanos del mundo?