Los centros de estudios Migration Policy Institute (MPI) y Brookings Institution, con sede en Washington; presentó un informe en el que revela que los migrantes de venezolanos no ha aumentado la delincuencia en los demás países de la región.
El análisis asegura que las ideas de que los 4,2 millones de migrantes y refugiados venezolanos están aumentando las tasas de criminalidad en los otros países «son en gran parte infundadas».
El estudio se realizó con datos de los tres países que albergan la mayor cantidad de venezolanos: Colombia, Perú y Chile. Los investigadores encontraron que en Perú y Chile los migrantes venezolanos cometen delitos en niveles sustancialmente más bajos en proporción a las poblaciones locales.
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En Chile, solo el 0,7 % de las personas acusadas de algún crimen en 2019 eran venezolanas; lo que representan el 2,4 % de la población en ese país.
Igualmente, de acuerdo a datos de encarcelamiento de 2019, en Perú el 1,3 % de los presos son extranjeros; incluyendo a los venezolanos, que representan el 2,9 % de la población total del país.
Acusaciones «fuera de lugar»
Si bien las encuestas de opinión muestran que los colombianos y peruanos señalan regularmente la delincuencia como una de las razones por las que se sienten más incómodos con los migrantes venezolanos; los autores del estudio consideran estas percepciones «fuera de lugar».
«Los resultados de este estudio sirven como evidencia robusta de que la presencia de migrantes venezolanos no está generando un aumento sistemático de crimen en la región, ciertamente no en los tres países que han recibido la mayor cantidad de inmigrantes y refugiados venezolanos», aseguraron los autores.
Situación diferente en Colombia
En este país, los venezolanos cometen delitos violentos a una tasa proporcional menor. Advierten que su participación «ligeramente mayor en delitos no violentos» podría deberse al alto desempleo de migrantes.
En concreto, el 2,3 % de los arrestos por delitos violentos en Colombia en 2019 involucraron a venezolanos, que representan el 3,2 % de la población total del país.
Esto respalda la idea de que «otorgar a los migrantes y refugiados acceso formal al mercado laboral puede reducir la incidencia del crimen», aseguró el estudio.
En Conexión / EFE
