El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) pidió este viernes a la administración de Nicolás Maduro liberar a los trabajadores de la ONG Azul Positivo.
ONUSIDA está «profundamente preocupada» por la detención de los cinco activistas (Johán León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz), arrestados por la policía militar el 12 de enero, señaló la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.
La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, solicitó no sólo que sean puestos en libertad. Por el contrario, exigió que también se le devuelva a la ONG el material decomisado durante el arresto.
«Una sociedad civil fuerte y empoderada juega un papel central a la hora de dar los servicios que necesitan los más vulnerables, y es crítica para progresar en la lucha contra la pandemia de VIH y otras amenazas sanitarias en Venezuela», subrayó Byanyima.
Activistas con síntomas de COVID
El pasado 22 de enero el periodista y activista de los derechos humanos, Luis Carlos Díaz, denunció que los cinco miembros Azul positivo, detenidos en Maracaibo, estaban presentando síntomas de coronavirus.
Díaz señaló que los familiares de los activistas tuvieron que llevar medicinas al centro de reclusión «para atenderlos». Asimismo, advirtió que uno de los miembros de Azul Positivo es paciente asmático.
Por su parte, el infectólogo Julio Castro, alertó que «un paciente con COVID-19 en un centro de detención es una emergencia».
¿Qué pasó con los trabajadores de Azul Positivo?
El 12 de enero cinco activistas de Azul Positivo fueron detenidos luego de que funcionarios policiales intervinieran las oficinas de la ONG.
Varios días después, un tribunal dictó prisión preventiva para los ciudadanos; tras ser acusados por la Fiscalía de distintos delitos, entre ellos, asociación para delinquir.
Dichos trabajadores humanitarios se encuentran detenidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de la Maracaibo.
La Comisión para los Derechos Humanos del noroccidental estado Zulia, en el que trabaja la ONG, detalló también se les acusa de «manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos; y legitimación de capitales».
En Conexión/ EFE
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