La Unión Europea -UE-, que ya había advertido sobre el rechazo a las últimas acciones del Tribunal Supremo de Venezuela, emitió este lunes nuevas sanciones contra 11 funcionarios vinculados al régimen de Maduro.
La lista de sancionados la encabezan los diputados Luis Parra, Franlyn Duarte y José Noriega. Todos involucrados en la operación Alacrán que dio un golpe al Parlamento encabezado por Juan Guaidó. La UE también sancionó a Gladys Requena y Tania Díaz, representantes de la Asamblea Nacional Constituyente.
Igualmente emitió restricciones contra Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo; los fiscales Farik Mora y Dinorah Bustamante; al director de Conatel Jorge Elieser Márquez, al procurador chavista Elvis Amoroso; y el secretario del Consejo de Defensa de la Nación, José Ornelas.
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Con estos, serían 36 las personas sancionadas por la UE por su actuación contra la democracia en Venezuela. Estas sanciones incluyen prohibición de viajes y la congelación de bienes.
La UE explicó que las sanciones contra estos funcionarios son consecuencia de su participación en actos «contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional». Estos representantes del régimen están acusados por la eliminación de la inmunidad parlamentaria de varios diputados, incluyendo la del presidente Juan Guaidó; iniciar persecuciones por motivos políticos, y la violación de derechos humanos.
Durante las últimas semanas, organismos del Estado controlados por el chavismo iniciaron una ofensiva, liderada por el Tribunal Supremo de Justicia, para frenar a la oposición venezolana. En primer lugar, el TSJ reconoció a Luis Parra como presidente del Parlamento, luego designó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral saltando la normativa de la Constitución venezolana; y finalmente suspendió las directivas de dos de los principales partidos opositores.
Según la misma UE, estas decisiones del TSJ «reducen al mínimo el espacio democrático» en Venezuela, y «crean obstáculos adicionales» para que el país logre resolver su crisis.
La Unión Europea destaca que estas medidas son «flexibles y reversibles» y además, están diseñadas «para no dañar a la población venezolana».
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