La administración de Maduro denunció este jueves que la Organización de Estados Americanos pretende «interferir de manera tendenciosa; extorsiva e inaceptable» en el «funcionamiento independiente» de la Corte Penal Internacional (CPI).
A través de un comunicado de la Cancillería, el Ejecutivo critica un informe de la OEA publicado este miércoles y que, según el Gobierno venezolano; fue elaborado «sin ningún tipo de constatación sobre el terreno y a partir de fuentes secundarias que no configuran evidencias de los supuestos hechos denunciados».
Dicho informe, presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el asesor especial sobre la responsabilidad de proteger de la OEA, Jared Genser, «reafirma que existe una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014».
https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1334194018029350916?s=20
Además, «condena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes»; según recoge un comunicado de la OEA.
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Almagro volvió a pronunciarse este jueves en Twitter donde subrayó la necesidad de «una Corte Penal Internacional fuerte que asuma responsabilidades y que no deje espacio para que los dictadores sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad»; si bien no mencionó de forma directa a Venezuela.
Gobierno tacha de «infame» el informe
Ante esta situación, el Gobierno venezolano replicó en su comunicado con un «categórico rechazo al infame informe» que, consideran, tiene como objetivo «cuestionar el trabajo de la CPI; sobre la base de difamaciones sin sustento en materia de derechos humanos en Venezuela».
El Ejecutivo también critica a Almagro, de quien dice que «no pierde oportunidad para mostrar su desprecio por los derechos humanos y aplicar un descarado doble rasero selectivo; con fines meramente intervencionistas».
En su opinión, la OEA desconoce la personalidad jurídica de la CPI; sus funciones y atribuciones.
«Olvidan Luis Almagro y sus secuaces que los miembros de la Fiscalía de la CPI no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a ese cuerpo«; agrega el comunicado.
Por eso, creen que el informe carece «de toda base jurídica en relación a la situación de los derechos humanos en Venezuela; constituye una evidente operación de propagada contra las instituciones venezolanas y sus autoridades».
Finalmente, el Gobierno venezolano «recuerda que la OEA y su secretaría general no poseen competencias jurisdiccionales para erigirse como un tribunal internacional de derechos humanos; ni para recabar informaciones que induzcan a determinar responsabilidades penales internacionales».
En Conexión/ EFE
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