Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad, según un informe de la ONU publicado hoy.
En el presente informe, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV), detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos, e insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.
«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley», ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
Carlos Lusverti, abogado, consultor para Sudamérica de la Comisión Internacional de Juristas y profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
Ver más: Tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU indica que Maduro es el cabecilla de la maquinaria de represión y violación de derechos humanos en Venezuela
“Este informe es contundente, tal y como han sido los anteriores. Lo que expresa este informe, es el terrible estado de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Es el resultado de 20 años de erosión del estado de derecho, y este informe en particular, señala la responsabilidad por acción o por omisión la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Esto queda muy claro en este informe, tanto desde la dimensión que se señala con la estructura de represión a la disidencia, y con la situación del Arco Minero del Orinoco”, dio Lusverti.
El experto señaló, que en el caso del Arco Minero del Orinoco, el señalamiento fundamental está en la ausencia de medidas para proteger a la población, en especial los pueblos y comunidades indígenas que viven en el estado Bolívar, Amazonas, y el Delta.
“Estas comunidades se ven afectadas en el contexto del control de la zona. Como bien define el informe, en razón a la caída del ingreso petrolero a partir de 2016, la apuesta del gobierno, se enfocó en los recursos mineros, en particular el oro, ha puesto en la mira este territorio y ha afectado directamente a toda la población en la zona, no solo por el impacto ambiental que tiene esta actividad minera irregular, sino por violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas y por el conflicto con grupos criminales”, explicó.
En cuanto a las consecuencias del informe, el abogado sentenció que desde el punto de vista de documentación de derechos humanos, el informe es contundente, en esclarecer los patrones y las situaciones que existen de violación de derechos humanos en Venezuela.
“En Venezuela hay una maquinaria para violar los derechos humanos. Esto da cuenta, además, a la identificación de personas responsables de estas violaciones de derechos humanos y eso es trascendental, desde la perspectiva de identificar responsabilidades. A diferencia de la CPI, el proceso de la Misión no determina responsabilidades penales, eso le toca a los tribunales penales internacionales o internos, pero la existencia de este tipo de informes, permite que la comunidad internacional tenga elementos bien documentados que permitan la rendición de cuentas de las autoridades del estado venezolano”, acotó.
Finalmente, Lusverti destacó que la política del gobierno de Maduro con respecto a la Misión de Determinación de Hechos ha sido desconocerla.
