Este lunes Estados Unidos y Reino Unido anunciaron nuevas sanciones contra funcionarios e instituciones de Daniel Ortega, para aumentar la presión diplomática tras la reelección del mandatario el pasado fin de semana.
El Departamento del Tesoro impuso sanciones al Ministerio Público de Nicaragua y a nueve altos cargos, entre ellos alcaldes implicados en la represión aplicada durante las manifestaciones de 2018.
Otros altos cargos sancionados son el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.
Álvaro Leiva Sánchez, secretario Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Estas sanciones son parte del resultado de lo que el mismo régimen de Ortega y Murillo han venido promoviendo. Por eso, hay acciones que ha tenido que tomar la comunidad internacional en cuanto a sanciones individuales, institucionales y en contra del estado nicaragüense. Todo esto se resume en acciones que han implementado los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, en sancionar de manera individual a funcionarios corruptos y que han cometido graves violaciones de derechos humanos, y eso los limitará en el ejercicio financiero. También en su momento se tendrán que enfrentar a la justicia internacional por las violaciones de derechos humanos que han cometido”, apuntó.
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En el caso puntual de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Leiva Sánchez destacó que tienen una situación grave en cuanto a la posibilidad de tener una estabilidad política.
“La comunidad internacional, la oposición, las organizaciones de derechos humanos y el exilio organizado los quieren llevar a un punto de quiebre. Ortega cada día tiene menos posibilidad de poder desarrollar un mandato en buenas condiciones. Su tiempo y la tolerancia se ha agotado. Vamos a entrar etapas más difíciles para lograr la transferencia del poder político”, agregó.
El defensor de derechos humanos explicó que hay un plan que están ejercitando y que van a ir trabajando para tener una acción conjunta entre la comunidad internacional y el exilio organizado.
“Cada sector hará acciones de acuerdo a su ámbito de desarrollo. Se debe llevar a Ortega al punto de quiebre para la restitución de la democracia y la institucionalidad. Ortega en un momento determinado se mire con imposibilidad de seguir gobernando”, enfatizó.
Más allá del plan, el caso de Nicaragua se asemeja a la misma situación de Venezuela con Nicolás Maduro y al de Cuba con Miguel Díaz-Canel.
“Recordemos que el régimen no va a demostrar sus debilidades o sus fragilidades. Estamos optimistas porque estamos llevando una ruta que es parte de un plan para quebrar al régimen. Estamos llevando a Ortega a un punto que enfrentará a la justicia universal”, añadió.
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