Un total de 244 casos de violación a la libertad de expresión se registraron en Venezuela durante 2021, según datos del informe anual de la organización Espacio Público. Estos derivaron en 461 denuncias, donde el 70 % de las víctimas fueron periodistas o reporteros.
También se mantuvieron las detenciones arbitrarias, el año pasado se tuvo al menos 35 por buscar recibir o difundir información. Esto incluye tanto a comunicadores como a infociudadanos, que fueron perseguidos, detenidos y que se le abrieron procesos judiciales. De esos casos, 13 están vinculados a Delitos de Odio,
Se documentaron 166 intimidaciones (34 %), 144 casos de censura (31 %) y 51 restricciones administrativas (11 %). Durante el mismo año, fueron cerrados 11 medios: uno impreso, uno digital y nueve emisoras radiales.
Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
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“Venezuela hoy en día vive la consecuencia de la aplicación de una política restrictiva. De 100 periódicos solo subsisten 25 y no salen todos los días. Del 80% de los medios del país son emisoras de radio y televisión, pero muy pocas dan información independiente, no cubren información de política o de economía. Hay muchas emisoras que lo que transmiten es música. En Venezuela cada dos días hay un caso de libertad de expresión. Eso es lo que estamos viviendo en los últimos dos años”, dijo Correa.
El analista señaló que un caso de libertad de expresión es cuando en un determinado momento se da el cierre de una emisora o cuando detienen a un periodista.
“En algunas ocasiones esos casos tienen mayor andadura y varias violaciones. Por ejemplo, una persona es golpeada cuando la detienen y cuando le abren un expediente judicial, ya hay más violaciones. En el caso de violentar a un periodista, también se violenta el derecho a la sociedad de ser informada”, apuntó.
Correa resaltó que generalmente los periodistas son violentados cuando están haciendo coberturas.
“Por ejemplo, esta semana detuvieron a tres periodistas porque le estaban realizando preguntas a personas que estaban haciendo un trámite gubernamental. Allí se produce una agresión importante. Hay otros casos, cuando el periodista publica una información, se le persigue y se le abre un proceso judicial. Finalmente, hay otros casos como la censura como bloquear portales web”, señaló.
Correa explicó que es difícil definir la responsabilidad final o establecer una culpabilidad específica.
“Los policías pueden que por halagar al poder hacen el allanamiento. Otra práctica es usar a los familiares para que otra persona se presente en tribunales. Hay que seguir investigando a ver cuál es el responsable, pero lo que tenemos es un sistema estructurado para castigar a la voz disidente”, acotó.
Finalmente, Correa destacó que Conatel es el mayor depredador de la prensa venezolana.
“Conatel tiene bajo su manga la ley de radio y televisión y al 80% de los medios del país les aplican esa ley y corren el riesgo de que les cierren el programa o no les renueven la concesión. También está la ley contra el odio que se utiliza para aplicar la ley institucional”, puntualizó.
