En Venezuela han proliferado los llamados “Paraísos Comerciales”. La “poca transparencia” del desarrollo de esas zonas económicas especiales dificultará las auditorías y los seguimientos de las metas laborales. Especialistas indican que es una normativa opaca, que favorece el clientelismo y difícilmente será exitosa en la captación de inversionistas
Asdrúbal Oliveros, economista, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“Las zonas económicas especiales es algo extraordinario. Son una especia de zona de exclusión económica donde se otorga un conjunto de ventajas para que se desarrollen negocios. Las ventajas son principalmente fiscales como exoneración de impuestos, mecanismos para que la inversión fluya, y permisologías diferentes. Son una especia de estímulo, o al menos así las percibe el gobierno, para que en esas zonas especiales, que la mayoría de ellas está ligadas con zonas de impacto de actividad portuaria o ligadas al turismo, se desarrollen un conjunto de actividades que tengan incidencia en la dinámica económica del país. Esta es la lógica que busca el gobierno”, dijo Oliveros.
Para el economista las posibilidades de éxito de las zonas económicas especiales, no son tan factibles.
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“Venezuela tiene unos elementos y unas distorsiones económicas importantes. Lo que más le puede preocupar a un inversionista, sobre todo extranjero, son los elementos ligados a la seguridad jurídica, o a la ausencia de esta. En Venezuela hay un mínimo de seguridad jurídica, que llega solo a otorgar una concesión, los derechos de propiedad no están respetados y eso genera mucho ruido y preocupación. A mi juicio, las zonas económicas especiales son como una especie de mecanismo de defensa del gobierno para enfrentar un poco las sanciones, y poder captar recursos, porque las sanciones complica el flujo de capitales desde Venezuela y hacia Venezuela. Esto es una respuesta a ello, para tener un mecanismo muy flexible que le permita poder captar algunos recursos nacionales e internacionales”, agregó.
El experto también comentó que esto ha venido operando en la práctica desde hace algún tiempo.
“Esto está funcionando principalmente desde 2018 y esta ley lo que está es poniendo en orden o poniendo una formalidad a prácticas que el gobierno ya venía aplicando en el pasado en una zona muy gris desde el punto de vista legal. Un último punto del tema, es ver cómo se desarrollan estas actividades en un ambiente de muchísima opacidad y de ausencia de transparencia. No vamos a tener con claridad quiénes son esos inversionistas y que inversiones están haciendo”, explicó.
Días atrás, Nicolás Maduro contó una anécdota, afirmando que había pagado un Taxi con bitcoin.
“Es complicado hacer seguimiento de los anuncios presidenciales, tanto del presidente como de los ministros, porque cuando contrastamos la realidad y con los datos, hay tremendas contradicciones. Por ejemplo, el gobierno insiste en que la economía va creciendo y hay datos que hemos recabado que indican que si hay un crecimiento, pero no se corresponde con las cifras que se ofrecen desde el gobierno”, acotó.
Finalmente, Oliveros destacó que un inversionista se atiene a acuerdos que se llegue con el gobierno.
“A menos que haya un marco que defina las zonas económicas especiales, prácticamente se decidirá caso por caso, que le pueden dar condiciones y garantías, pero no vamos a tener el detalle de esas negociaciones. Esto puede generar impacto a futuro, incluso cuando este gobierno no esté y las concesiones sigan presentes”, puntualizó.
