La paz en Colombia debe implicar lo mismo en la frontera venezolana, insiste la Fundacion El Amparo y Provea. Walter Márquez, defensor de los derechos humanos y representante de la Fundación El Amparo, exigió que se abra totalmente la frontera, pero con cero impunidad.
Dijo que, a pesar de que Gustavo Petro estuvo en Caracas reunido con Nicolás Maduro, para nada recordaron los sucesos que se dieron tras el cierre de frontera el 19 de agosto de 2015, cuando hubo un desplazamiento y deportaciones forzosas de más de 24.000 colombianos, que son víctimas de la represión de Maduro.
Márquez, amplió la información en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Cuando hablando de que la paz en Colombia debe implicar en Venezuela, lo decimos porque los grupos irregulares colombianos se metieron en nuestro país. El gobierno de Colombia le ha pedido a las autoridades venezolanas que sirvan de mediadores en las negociaciones con el ELN, pero el ELN está en nuestro país y tienen vínculos con Nicolás Maduro y su régimen. Por eso nosotros, celebramos que haya conversaciones de paz, pero que comiencen con quel as guerrillas colombianas deje de usar la frontera como su refugio. La paz de Colombia es la paz de Venezuela, pero también está el tema de la impunidad. Gustavo Petro fue a Caracas para reanudar relaciones diplomáticas y reabrir la frontera, pero se le olvidó plantear que en agosto de 2015, el régimen de Maduro cerró la frontera y demolieron a más de 200 casas de colombianos en Venezuela”, dijo Márquez.
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El defensor de derechos humanos explicó que el pasado 21 de marzo, hubo una confrontación entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y los disidentes de las FARC.
“El 23 de abril, las FARC ajusticiaron a 8 militares venezolanos, además que hubo un desplazamiento forzoso de más de 6.000 personas. Hubo incendios indiscriminados y tratos inhumanos. Hubo más de 30 detenciones arbitrarias y no hay ni una sola investigación”, acotó.
Finalmente, Márquez destacó que es necesario que haya reapertura total de la frontera y que se investiguen los crímenes cometidos en el cierre de la frontera en agosto de 2019.
