Una reciente regulación del régimen de Nicolás Maduro ordena a todas las ONG a registrar datos detallados de sus actividades en la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Carlos Correa, director ejecutivo de la organización no gubernamental Espacio Público, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“Esa regulación deriva de una providencia y desde hace tiempo estamos preocupados por la ley contra el terrorismo. Ahora es una ley que obliga a las organizaciones a dar toda su información, porque son susceptibles a la delincuencia organizada. Se supone que el Estado debe tener la capacidad para identificar a las organizaciones que delinquen”, dijo el director de Espacio Público
Para Correa, la nueva regulación es “inaceptable”. “Las organizaciones de la sociedad civil están sujetas a las normas del país. Hay dinámicas asociativas que no tiene personería jurídica, porque hay gente que se junta para hacer el bien. Lo que se pretende es castigar al espacio cívico venezolano”, agregó.
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El defensor de los derechos humanos comentó que el espacio cívico en Venezuela es muy diverso, pero desde el gobierno nacional pretenden “colonizar ese espacio”.
“Al gobierno le ha dolido mucho las organizaciones que ofrecen ayuda humanitaria. Hay una pretensión de monopolizar los espacios de la sociedad, aprovechando la fractura de los partidos políticos. Ahora atacan a las organizaciones de la sociedad civil”, indicó Correa.
El director de Espacio Público destacó que las organizaciones de la sociedad civil son plurales.
“El anuncio de esta medida nos generó inquietud. Estamos viendo cómo vamos a reaccionar. Algunas organizaciones no darán su información. Nos preocupa que todas las leyes son para restringir derechos. En Nicaragua se generó un debilitamiento de las ONG a partir de un registro. Lo mismo sucedió en Rusia”, puntualizó Correa.
