Ecuador retrocedió diez años en pobreza durante la crisis de la COVID-19, que también exacerbó otros indicadores como el desempleo, según reveló un estudio de la fundación de investigación Donum titulado «COVID-19, la tragedia de los pobres», cuya autoría es del economista John Cajas Guijarro.
Cajas Guijarro amplió la información en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“La situación económica que atraviesa Ecuador es compleja. No solo por el COVID-19, sino porque en Ecuador había un estancamiento económico de unos cinco años antes de la pandemia. Con el coronavirus se genera una contracción económica severa. Una caída del PIB de 7.8% en 2020, la mayor caída en la historia de la economía ecuatoriana. Es la mayor crisis financiera del país desde 1999, cuando la economía cayó en 4.7%. Estos indicadores subestiman varios problemas que han surgido con el COVID-19, porque hay una gran destrucción de empleos. En 2020 se han destruido más de 532.000 empleos oficiales, también la economía informal ha sufrido. Hay un retroceso en pobreza y desigualdad de unos 10 años”, dijo el economista.
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Cajas Guijarro, afirmó que una de las medidas a tomar, podría ser la aplicación de un impuesto del 5% al patrimonios de los 300 grupos económicos más poderosos del país para “acabar con el hambre”.
“La situación con el hambre es compleja. Antes de la pandemia, la desnutrición crónica infantil en Ecuador llagaba a afectar 1 de cada cuatro niños. Era uno de los indicadores que no mejoró a pesar de las bonanzas económicas. Un ejemplo de ello es que en Guayaquil se realizó un programa de vacunación y la gente no se vacunó hasta que recibió incentivos alimenticios”, explicó.
Para el experto, el gobierno del presidente Lasso está en una etapa de transición y enfocado en el acuerdo con el FMI.
“Lasso está enfocado en suavizar el acuerdo del FMI y eso está acaparando la atención y no se han impuesto otras medidas. Estamos perdiendo tiempo valioso”, agregó.
Finalmente, Cajas Guijarro destacó que el estancamiento de la economía ecuatoriana podría durar hasta 10 años. “Necesitamos una canalización de recursos para los sector más vulnerables”, puntualizó.
