La administración de Joe Biden presentó una reforma en la solicitud de asilo, con el objetivo de reducir el importante retraso que acumulan los expedientes procesados en la frontera de México y que ha dejado a miles de personas esperando años para saber si pueden permanecer en Estados Unidos.
Según el plan, los casos ordinarios de asilo ya no serán remitidos automáticamente al colapsado sistema migratorio gestionado por el Departamento de Justicia, sino que serán supervisados por funcionarios de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, que forman parte del Departamento de Seguridad Nacional.
Jaime Barron, abogado y miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración de América (AILA), abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“En estos momentos la reforma está en su etapa de comentarios y todavía no es un cambio de ley. No obstante, se espera que eso ocurra en las próximas semanas o meses. Lo que ocurre es que en estos momentos una persona que es detenida en la frontera y dice que tiene miedo de regresar a su país, la transfieren a un oficial que determina si el miedo es creíble para poder tramitar el asilo. Si la respuesta es positiva, la mantienen detenida y queda pendiente de una audiencia con la Corte de Migración. Ese proceso se tarda entre tres y cinco años de espera y hay 600.000 solicitudes de asilo y 1.3 millones de expedientes pendientes de analizar. Es terrible la espera de una persona para ver si califica para el asilo político”, apuntó Barron.
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La espera de las personas que piden asilo puede ser en la frontera o del lado mexicano, pero las condiciones de vida no son las óptimas.
“Si las personas están en Estados Unidos, después de un tiempo tienen el derecho de solicitar un permiso de trabajo. La persona normalmente sobrevive esperando ese permiso para luego esperar su audiencia. En el caso de esperar del lado mexicano y viene de otro país, viven en una suerte de un campo de refugiados. Es una supervivencia espantosa. El presidente Biden quiere cambiar el proceso de asilo político, pero no todo lo que brilla es oro. Ya se avizoran una cantidad de problemas”, agregó.
El abogado afirmó que lo que se pronostica es “la ley de las consecuencias no intencionadas”.
“El gobierno anunció que contratará a una cantidad de oficiales nuevos. No obstante, por ser nuevos no estarán entrenados. Si una persona es detenida en la frontera, el oficial podría determinar miedo creíble y calificar el asilo. La probabilidad de que una persona llegue preparada con la suficiente evidencia legal para pedir el asilo, es casi nula. Por eso nos preocupa”, explicó el experto.
El examen del miedo creíble es cuando el oficial pregunta la procedencia, el por qué está migrando y por qué quiere pedir asilo político. “Muchas personas huyen por razones que no son válidas para el asilo político, como víctima de crimen u oportunidad de trabajo”, apuntó.
“Las personas que ya están en Estados Unidos lo que les queda es esperar y ver quiénes califican para un permiso de trabajo. No deben meterse en problemas y estar bien asesorados para que no se equivoquen el día de la entrevista”, puntualizó Barron.
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