En una comunicación enviada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), el gobierno de Nicolás Maduro busca impedir la participación de las víctimas en la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El documento, con fecha del 10 de noviembre, fue enviado por el Estado venezolano en respuesta a la solicitud del fiscal Karim Khan pidiendo autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI para retomar la investigación.
El jurista y especialista en derechos humanos, Carlos Ayala Corao, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“La información que tenemos del documento que ha presentado el gobierno de Venezuela, es que surge una contradicción. Hay que decir que el proceso penal internacional tiene un doble objetivo. El primero es identificar a los responsables de haber cometido delitos y crímenes de lesa humanidad, procesarlos y sancionarlos, como un mecanismo de superar la impunidad y hacer justicia. El segundo propósito es otorgarle justicia y reparar a las víctimas. No solo con una indemnización, sino con una reparación en distintos ámbitos. La participación de las víctimas en la búsqueda de la justicia es la razón de ser de la justicia penal”, dijo Ayala Corao.
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El experto también manifestó que todos los procesos penales requieren la participación de las víctimas para que se les haga justicia.
“La participación de las víctimas brinda la oportunidad de tener un testimonio directo y determinar los mecanismos de reparación efectiva. El Estatuto de Roma prevé distintas instancias para la participación de las víctimas. De hecho, hay un reglamento que es la Ofician de Apoyo de las Víctimas que tienen como objetivo ayudarlas y asistirlas durante su participación en el proceso. Por eso, es un contrasentido tener un proceso penal internacional sin la participación de las víctimas. Son las víctimas las que han permitido que hayamos llegado hasta este proceso, porque han documentado los hechos”, agregó.
Para el especialista, es importante saber que a pesar de toda la colaboración que el estado venezolano aseguró que le iba a prestar a la CPI, no ha sido tal y por eso el fiscal decide seguir adelante con la investigación.
“El gobierno de Venezuela ha querido suspender la investigación, pero el mismo el fiscal puede solicitarle a la Sala de Cuestiones Preliminares que lo autorice a continuar, y eso es lo que ha hecho, por las circunstancias que se presentan en Venezuela. Hay 700 personas identificadas como posibles responsables de crímenes de lesa humanidad, y no hay un avance significativo en los procesos penales. Por otro lado, la participación de los otros estados está prevista en el Estatuto de Roma”, apuntó.
Finalmente, Ayala Corao destacó que estos procesos son a personas individuales a autoridades y funcionarios. No son procesos a Estados.
“Es muy importante que aquellos que están siendo investigados y tengan que cooperar con la fiscalía de la CPI, lo hagan a título individual y no con la cobertura de un Estado o gobierno”, puntualizó.
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