La iniciativa legislativa, que prepara la Asamblea Nacional de mayoría chavista, plantea la prohibición, suspensión, restricción o eliminación de todas aquellas ONG, fundaciones o asociaciones “que promuevan o participen en la aplicación de medidas coercitivas contra la República”.
Venezuela ya tiene una Ley que rige esta materia y que data de 1958. Sin embargo, activistas de derechos humanos advierten que la propuesta de reforma se convertirá en una herramienta de persecución en manos de un gobierno autoritario.
En el rechazo público al proyecto de ley se suman al PROVEA, Control Ciudadano, Acceso a la Justicia, Sinergia y otras organizaciones.
Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, abordó el tema en el programa En Conexión conducido por César Miguel Rondón.
“Esto en técnica legislativa se denomina a una norma abierta, libre a la interpretación de quien está al nivel de ejecutarla. Es muy peligrosa este tipo de norma, porque como bien dice esta acción podría significar muchos aspectos. Que puede ser participar en una medida coercitiva contra la República, puede ser llevar un caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigirles al estado una indemnización a las víctimas. Puede significar llevar casos ante la Corte Penal Internacional, para exigir la captura de perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Puede ser el diálogo al sistema interamericano de derechos humanos. Con esto, quedaría a consideración del gobierno prohibir el funcionamiento de las ONG”, dijo San Miguel.
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Algo llamativo de esta ley, es que se está confundiendo al gobierno de Venezuela con el Estado venezolano.
“Una de las modalidades que hemos visto, es la fusión de lo que entiende el gobierno como representación del estado venezolano. Ciertamente, el gobierno tiene la representación estatal a nivel de política exterior, pero está obligado a cumplir los tratados internacionales que la República ha suscrito. La interpretación de una medida coercitiva es muy vaga y pone en riesgo a las ONG”, señaló.
La experta afirmó que no se debe olvidar la relación del régimen de Maduro con las ONG.
“A las ONG, se nos prohíbe tener actualizados nuestros registros y las juntas directivas. Es decir, ya de facto hay una limitación para su correcto funcionamiento. No obstante, hay más, hay una criminalización por parte de voceros del estado en contra de las ONG, al punto que miembros de estas organizaciones están privados de libertad y otros tenemos medidas de protección dictadas por órganos internacionales por el acoso a la integridad personas que hemos sido objeto”, acotó.
San Miguel enfatizó que con la aprobación de esta ley habrá que imaginar un país donde no hay protección de datos.
“Las ONG no pueden poner en manos de particulares la información de víctimas de violaciones de derechos humanos. Esto es muy polémico en los términos que está redactado”, comentó.
Los partidos políticos en Venezuela han sido vapuleados y ya no afectan a Nicolás Maduro. Lo mismo pasa con los sindicatos, mientras que el sector empresarial está dialogando con el régimen. Lo único que puede hacerle oposición a Maduro son las ONG.
“Eliminar a las ONG y someterlas al tratamiento de esta ley, significa aplastar la crítica y el disenso definitivamente en Venezuela. Este es el último escalón que deshabilita la posibilidad de contraponerse al poder”, resaltó.
Finalmente, San Miguel destacó que esta ley la proponen en un momento donde se abren muchos frentes para el gobierno.
“Está el seguimiento de la CPI, la posibilidad del diálogo de México y reabrir la ayuda internacional. Hay que están muy atentos porque hay antecedentes como Cuba y Nicaragua. Esta ley deshabilitaría el brazo de la sociedad civil”, puntualizó.
