Las familias de cinco niños y cuatro adultos que murieron en el tiroteo en la Escuela Primaria Sandy Hook, ocurrido en diciembre de 2012, llegaron a un acuerdo de $73 millones con el fabricante de armas Remington y sus cuatro aseguradoras.
Abogados de los demandantes consideran histórico el acuerdo pues marca la primera vez que se responsabiliza a un fabricante de armas en un tiroteo masivo en Estados Unidos.
Según el bufete de abogados de Koskoff, las cuatro aseguradoras de Remington acordaron pagar el monto total de la cobertura disponible, que es un total de $73 millones. El fabricante de armas se declaró en bancarrota en 2020 y sus activos fueron vendidos.
Timothy Lytton, profesor universitario y catedrático de Derecho en la Universidad Estatal de Georgia, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Este acuerdo es un momento histórico en la historia del litigio contra los fabricantes de armas en los Estados Unidos. Es la primera vez, desde el comienzo de la inmunidad legal que el Congreso dio a la industria de armas en 2005, que procede este tipo de demanda civil. También es la primera vez que un fabricante ha hecho un acuerdo con los demandantes. Esto tiene que ver con la reorganización financiera de la compañía Remington. Ellos quieren quitar esa duda del futuro. Por eso quieren pagar para seguir adelante con su reorganización”, afirmó.
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El experto también destacó que podría ser una señal de que podría ser un antecedente en este tipo de demandas, a pesar de la inmunidad que le ha dado el Congreso a la industria de armas.
“Históricamente, la Asociación Nacional de Rifle ha tenido el lobby de los derechos de armamento, y nunca ha tenido interés en conversar con ninguno de los litigantes sobre sus prácticas de distribución de las armas. Esta es la primera vez que se habla sobre las estrategias de la distribución de armas de alto calibre”, destacó.
Para Lytton es muy complicado que este caso pueda incidir en otros similares.
“La Corte Suprema de Justicia puede intervenir solo si el caso llega a la corte y eso significa que el caso debe pasar primero por las cortes más bajas y los demandantes deben tener éxito. Hasta ahora no hemos visto eso”, señaló.
Finalmente, el abogado explicó que en el futuro se van a ver muchas cantidades casos como este.
“Tenemos un gran problema en el país, porque hay una división muy profunda entre las personas que quieren tener la oportunidad de comprar armas de alta capacidad libremente en el mercado y la otra mitad piensa que esa es la raíz de los problemas de violencia. No podemos esperar una solución desde el Congreso”, puntualizó.
