El presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, pidió este lunes a los diputados bajo el mandato de Juan Guaidó que presenten su declaración de bienes; tal y como marca la ley, al concluir el mandato de cinco años de la cámara.
«Informamos a las diputadas y diputados que fueron electos en 2015 y cuya gestión feneció el pasado 4 de enero de 2021; a que también tienen que presentar en los siguientes 31 días posteriores al 4 de enero su declaración jurada de bienes de salida»; dijo Rodríguez tras reunirse con el contralor general, Elvis Amoroso y un grupo de diputados.
Después de recordar que es «un requisito indispensable»; les exhortó a que cumplan con él, tal y como han hecho los nuevos parlamentarios con una declaración de bienes al comenzar su labor.
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Tras expirar el periodo de la AN que presidía el opositor Guaidó, este instaló una cámara continuista conformada por decenas de diputados elegidos en 2015 que no aspiraron a un nuevo mandato en diciembre de 2020.
Lo hizo apelando a una «continuidad administrativa»; una tesis que no fue apoyada por varios legisladores del antichavismo que sí acataron el fin de sus funciones.
Aseguró que funcionarán bajo la figura de la comisión delegada; una instancia contemplada en la Constitución para operar solo durante los períodos vacacionales de los diputados y que está conformada por menos del 20 % del pleno.
COLABORACIÓN CON LA CONTRALORÍA
Por otra parte, Rodríguez ofreció «toda la colaboración» de la actual directiva de la AN para «abrir todas las puertas» del Parlamento «para que se realicen las auditorías correspondientes a las juntas directivas de 2016 a 2020»; todas ellas opositoras.
Según explicó, la Contraloría «envió innumerables» mensajes a esas juntas directivas «solicitando información sobre una u otra investigación; y jamás recibió respuesta».
«Es decir, no se ha realizado la auditoría correspondiente con la debida autorización de las juntas directivas»; de esos años.
Por su parte, Amoroso hizo hincapié en «el deber» de los diputados salientes de «hacer la declaración jurada de su patrimonio» al terminar su periodo como legisladores.
En este sentido, aseguró que si hay irregularidades se pueden dictar «sanciones que van; primero por 12 meses de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público» o la inscripción para cualquier cargo de elección popular.
En ese lapso de tiempo, agregó, la Contraloría «hará las investigaciones correspondientes» y, en caso de que encuentren irregularidades o «algún hecho de corrupción»; se puede inhabilitar a los exparlamentarios hasta por 15 años.
