Venezuela rechazó este viernes la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el territorio Esequibo. Básicamente esta medida le dio la razón a Guyana. Se declaró competente para juzgar la validez de un laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera entre los dos países.
«Venezuela rechaza la decisión de la Corte Internacional de Justicia», reza un comunicado del Gobierno venezolano. El mismo fue leído por el canciller Jorge Arreaza, acerca de la decisión de la CIJ que marca el futuro de una región limítrofe en la que se han encontrado vastos yacimientos de petróleo.
La decisión la tomó el alto tribunal de la ONU con doce votos a favor y cuatro en contra.
Por tanto, considera que tiene jurisdicción para analizar: «la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre»; dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la lectura pública de la sentencia.
Derrota para Venezuela
La decisión supone una derrota diplomática para Venezuela. El gobierno de Maduro rechazó participar en las vistas orales previas . Su posición es que la disputa se resuelva de manera bilateral.
Denominada Guayana Esequiba en Venezuela y divida en varias regiones en la República de Guyana, se trata de un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo.
La cuestión fronteriza se remonta a principios del siglo XIX, cuando Guyana era aún colonia. Tiene como elemento central un laudo arbitral que estableció la frontera entre ambos países . Venezuela nunca aceptó, esta decisión al considerar que los jueces fueron parciales y el proceso estuvo viciado.
El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
La polémica se ha agudizado en los últimos años después de que la compañía estadounidense Exxon Mobil descubriera, en 2015, yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio.
