La reforma migratoria que trató de impulsar el presidente Joe Biden ha quedado estancada. El plan demócrata para legalizar entre 6 y 7 millones de inmigrantes indocumentados, algunos con más de 20 años en el país, se encuentra paralizado en la Cámara Alta y no hay indicios de que las negociaciones se reanuden en el corto plazo.
El 16 de diciembre la principal asesora del Senado, la abogada Elizabeth MacDonough, rechazó por tercera vez un plan que buscaba legalizar a unos 6.5 millones de indocumentados bajo el mismo argumento señalado en las dos decisiones anteriores.
Inmediatamente después del rechazo, la Casa Blanca anunció que las conversaciones sobre el tema continuaban, pero tres días más tarde, el senador demócrata Joe Manchin, anunció que no estaba de acuerdo con la Ley de Gasto Social de Biden, pieza clave sin la cual no hay espacio para la reforma migratoria.
Ángel Leal, abogado, especialista en inmigración, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“En primera instancia lo que paralizó estas discusiones fue la parlamentaria del Senado. Ella determinó que las clausulas de los temas migratorios no eran temas presupuestarios para poder formar parte del proyecto de ley. Por lo tanto, no puede ser incluido en ningún proyecto de ley, porque son cambios sustanciales en materia migratoria y no simplemente ajustes presupuestarios”, destacó el experto.
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Bajo ese escenario, los más de siete millones de indocumentados quedan con un futuro incierto.
“Creo que se van a tomar acciones a nivele ejecutivo y hay 32 senadores que han pedido de que se designe de nuevo el TPS para los países centroamericanos Honduras, El Salvador, Nicaragua y se puede añadir Guatemala. También hay que recordar que en el caso de los venezolanos termina la protección en septiembre de este año. A través de acciones ejecutivas les podría dar algunas soluciones”, comentó Leal.
El abogado de inmigración señaló que las personas que no entran dentro de las consideraciones de las acciones ejecutivas, deben entender sus condiciones migratorias.
“Hay personas, por ejemplo, que están indocumentadas pero con derecho a corte, o hay personas que no tienen órdenes de deportación. Muchas personas no saben sus condiciones, pero deben pedir un informe de sus respectivos casos. No es lo mismo estar indocumentado que estar con una orden de deportación”, afirmó.
Finalmente, el especialista destacó que en el transcurso de los próximos 6 meses se tendrá más claridad para los casos migratorios.
“La realidad es que hay una crisis laboral en el país y la forma más eficiente de resolverla es buscar la forma de legalizar a las personas indocumentadas que tengan buena conducta”, puntualizó.
